A Coruña, 05 de diciembre de 2018
La conservera gallega Calvo echa el resto en el Supremo, la última bala que le queda para hacer frente a las reclamaciones tributarias derivadas de sus importaciones de atún procedentes de El Salvador en los ejercicios 2007, 2008 y 2009. La compañía, líder del sector en Galicia junto a Jealsa, se vio envuelta en un prolongado litigio debido a las discrepancias con Hacienda sobre su derecho a acogerse al Sistema de Preferencias Generalizadas (SGP) y sus consiguientes ventajas fiscales a la hora de evitar el pago de derechos arancelarios.
Después de pasar por el TEAC, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y la Audiencia Nacional con desestimaciones o victorias solamente parciales, el grupo con sede en Carballo (A Coruña) ha logrado que
el Tribunal Supremo admita hasta cuatro recursos de casación, presentados por las filiales Calvo Distribución Alimentaria y Calvo Conservas. Como avanzó este medio, la compañía tiene
reservados 20 millones en provisiones para atender las resoluciones desfavorables que se puedan derivar del conflicto, que la llevó incluso a
hipotecar su marca.
Los recursos de Calvo
Dos de los recursos de la multinacional gallega,
que tiene una importante planta de procesado en El Salvador, fueron admitidos en enero de este año y otros dos entre septiembre y octubre. Calvo recurre contra las sentencias desestimatorias que recibió entre 2017 y 2018 de la
Audiencia Nacional y del
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Durante todo el proceso, la conservera consiguió librarse de una pequeña parte de las liquidaciones en concepto de IVA a la importación, pero el grueso de las reclamaciones de Aduanas por arancel e IVA siguieron en pie.
Como cada una de las filiales, Calvo Distribución y Calvo Conservas, recibió dos sentencias desestimatorias de cada tribunal, TSXG y Audiencia Nacional, el grupo presentó cuatro recursos, todos admitidos a trámite por el Supremo, según los autos a los que ha tenido acceso este medio.
Los argumentos contra Aduanas
La causa nació de manera estruendosa, a partir de una investigación de la
Oficina Europea de Lucha contra el Fraude que señaló a las capturas realizadas por los buques
Montelape y
Montealegre, propiedad de una filial del grupo, por tener los navíos un supuesto
doble abanderamiento, uno en las Seychelles y otro en El Salvador. Por este motivo, serían considerados buques apátridas y sus capturas dejarían de ser consideradas originarias de El Salvador.
Después de un largo procedimiento, Calvo alega ante el Supremo que se
vulneró su derecho a ser oído antes de tomar medidas contra la compañía, concepto recogido en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE; que se vulneraron los procedimientos de inspección tributaria y que se produjo una “fraudulenta” y “deliberada” desviación procesal.
ED Galicia
Ningún comentario:
Publicar un comentario