Fracasa el recurso del Ministerio de Agricultura contra la conservera, a quien ordenó devolver 8 en subvenciones concedidas para pescar en las Seychelles
Mané Calvo, consejero delegado de Grupo Calvo, junto a José
Luis Calvo, presidente de honor de la compañía / EE
A Coruña, 09 de abril de 2019
La conservera gallega Calvo arranca con una victoria la fase
final de su litigio con Aduanas por las importaciones de atún de El Salvador,
un procedimiento para el que tenía provisionados 20 millones y en el que llegó
a hipotecar su marca. El conflicto, que ha llegado ya al Tribunal Supremo,
orbita sobre las importaciones de pescado acogidas al llamado Sistema de
Preferencias Generalizadas (SPG), un régimen comercial a través del cual la UE
proporciona un acceso preferencial no recíproco al mercado comunitario de
productos originarios en países y territorios en desarrollo a través de la
exoneración total o parcial de los derechos arancelarios.
El Supremo decidirá próximamente si las importaciones de
atún de Calvo en los ejercicios 2007, 2008 y 2009 podían acogerse a este
sistema, mientras que ya se ha pronunciado sobre una de las derivadas de esta
misma causa: las subvenciones concedidas al grupo conservero por el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación. La Sala de lo Contencioso, en sentencia
del pasado 13 de marzo, ha dado la razón a la compañía gallega, desestimando
los argumentos de la Abogacía del Estado para que Calvo devolviera 8 millones
en ayudas.
El Supremo ratifica así una sentencia previa de la Audiencia
Nacional de octubre de 2015, que anuló la orden de reintegro de subvenciones
cursada por el Ministerio. De hecho, el dinero trazó un camino de ida y vuelta.
Calvo tuvo que devolver 5,1 millones de una subvención otorgada a su filial
Calvopesca para constituir la sociedad mixta Calvo Pesca Indico en la República
de las Seychelles, además de abonar 2,9 millones por intereses de demora. El
Ministerio de Pesca acabaría devolviéndole los 8 millones tras el fallo de la
Audiencia Nacional, un dinero que ahora se quedará definitivamente en las arcas
de la conservera.
Doble abanderamiento de buques
El motivo del conflicto radica en la actividad de los buques
Montealegre y Montelape, que fueron objeto de una investigación por parte de la
Oficina Europea contra el Fraude (OLAF) que desencadenaría la actual batalla
con Aduanas. La OLAF entendía que los pesqueros tenían un doble abanderamiento
en Seychelles y El Salvador, por lo que debían ser considerados buques
apátridas y quedar fuera de las ventajas arancelarias del Sistema de
Preferencias Generalizadas. Al final de su informe, apuntaba a que se había
producido un falseamiento de las condiciones de la subvención, que se entregó
para operar desde las Seychelles en el océano Índico y no desde El Salvador en
el Pacífico.
En base a esta investigación, el Ministerio de Pesca ordenó
el reintegro de las ayudas, pero lo hizo tarde. Tanto la Audiencia Nacional
como el Tribunal Supremo consideraron que “la acción de la Administración para
exigir el reintegro de la subvención ha prescrito”.
Ataques de las ONG
Según explicó Calvo en los tribunales, lo que sucedió fue
que, después de constituir la sociedad y comenzar con las capturas, se
produjeron “una serie de ataques ilícitos de ONG que impiden la venta de
capturas en el Océano Índico", problema que expuso a los gobiernos de
España y de Seychelles, planteando a la Administración española la posibilidad
de trasladar los buques a los caladeros peruanos.
Según el fallo, la Administración española habría autorizado
el traslado a otra zona de pesca de los buques y también conocía que Calvo
subarrendó a su filial de El Salvador los pequeros para poder operar en el
océano Pacífico. No fue hasta años después, con la investigación de la OLAF
como referente, cuando el Ministerio de Pesca reclama el reintegro de las
subvenciones, a juicio de los tribunales, demasiado tarde.
Fuente: Galicia Economía Digital
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